Céntimo sanitario: Segunda oportunidad

 

Miguel Ángel Galán - Olleros Abogados

 

Miguel Ángel Galán. Socio. Departamento de Fiscal.

En las últimas semanas, hemos tenido ocasión de leer numerosas circulares y noticias en las que se indicaba que la finalización del plazo previsto en la normativa administrativa, para solicitud de la responsabilidad patrimonial del Estado por el llamado céntimo sanitario (Impuesto sobre Venta Minoristas de Determinados Hidrocarburos), finalizaba el pasado viernes día 27 de febrero de 2015. Y ello como consecuencia del transcurso de un año desde que se dictara la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 27 de febrero de 2014, en al asunto C-82/12, Transportes Jordi Besora, S.L. vs Generalitat de Catalunya.

Por tanto, quienes interpretan que el plazo para ejercer la acción de responsabilidad finalizaba el pasado 27 de febrero de 2015, fijan el dies a quo del plazo de un año, el día en que la Sentencia del TJUE fue dictada, es decir, el 27 de febrero de 2014.

Sin embargo, a la vista de la normativa aplicable y la interpretación jurisprudencial que de las mismas ha hecho nuestro Tribunal Supremo, cabría también entender que dicho plazo finaliza el próximo martes día 14 de abril de 2015, no habiendo por tanto prescrito todavía dicha posibilidad. Y ello, porque el dies a quo para el cómputo del plazo de un año se fija en el momento en que dicha sentencia fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), hecho que tuvo lugar el pasado 14 de abril de 2014.

El artículo que regula el plazo de prescripción para iniciar los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, entre los cuales se encuentra la exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, es el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el cual dispone que “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo […]”.

Dicho artículo ha sido completado por la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, la cual fija como día inicial del cómputo del citado plazo, en los casos de sentencias dictadas por el TJUE, el día de publicación de la sentencia en el DOUE. Y ello, en palabras del propio tribunal, basado en  que dicha publicación es “la que permite por primera vez tener conocimiento pleno de los elementos de hecho y de derecho que integran la pretensión indemnizatoria, haciendo jurídicamente posible el ejercicio de la acción”.

Por su claridad expositiva, a continuación transcribo parte del Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de 4 de febrero de 2014 del Tribunal Supremo (RJ\2014\727), el cual trata la cuestión indicada en un supuesto prácticamente idéntico al que aquí nos referimos. A saber:

“TERCERO.- Esa cuestión del cómputo del citado plazo, se rige por una jurisprudencia de este Tribunal de sobra conocida que complementa aquel artículo 142.5 señalando, en lo que ahora es de interés: Que en casos como el de autos, su día inicial es el de la publicación de la sentencia del TJUE (TJCE 2005, 292) en el DOUE (por tanto, el 26 de noviembre de 2005 en el que enjuiciamos), pues es esa publicación la que permite por vez primera tener conocimiento pleno de los elementos de hecho y de derecho que integran la pretensión indemnizatoria, haciendo jurídicamente posible el ejercicio de la acción (por todas, sentencia de 9 de octubre de 2012 (RJ 2012, 9802) , dictada en el recurso 520/2011 , y las que cita, que aplican la conocida teoría denominada de la “actio nata”). Y que ese plazo queda interrumpido por cualquier medio de reacción del perjudicado que se haga valer dentro de él -y por los sucesivos si el tiempo que transcurre entre el ejercicio de unos y otros no es superior a un año- (como resulta, entre otras, de las sentencias de 11 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 2192) y 23 de noviembre de 2012 (RJ 2013, 398) , dictadas en los recursos 572/2007 y 740/2011), siempre que los mismos no sean manifiestamente inidóneos o improcedentes para lograr el restablecimiento del patrimonio en lo que fue dañado o lesionado por causa de la aplicación de la norma legal luego declarada contraria a la Constitución (RCL 1978, 2836) o al Derecho de la Unión Europea (así se deduce de esa sentencia de 11 de diciembre de 2009 y de las de 2 de marzo de 2011 (RJ 2011, 1890) , 29 de marzo de 2012 (RJ 2012, 5628) y 23 de julio de 2013 (RJ 2013, 6281) , dictadas en los recursos 1860/2009 , 431/2009 y 889/2011, entre otras); o, lo que es igual, siempre que su ejercicio no denote la falta de una diligencia razonable. […]

En atención a lo expuesto, cabría pues interpretar que hasta el próximo día 14 de abril de 2015 se puede iniciar el procedimiento de reclamación patrimonial del Estado. Para los rezagados o para aquellos que por cualquier otro motivo no han tenido ocasión de presentar dicha reclamación, todavía queda una oportunidad.