Costes millonarios por la falta de control de las bajas laborales.

Teresa Ruiz del Portal. Abogado. Departamento Laboral.

Ante el Congreso de los Diputados, el Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda destapó “la falta de comprobación” del Instituto Nacional de la Seguridad Social y sus Direcciones Provinciales en los procesos de Incapacidad Temporal.

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, se han detectado 1,9 millones de bajas laborales sin control, es decir, el 64% del total lo que ha supuesto al Sistema unos costes multimillonarios. La Seguridad Social pagó unos 1.185 millones a casi dos millones de trabajadores sin “controlar” su veracidad y para los que no constaba información concerniente a los partes médicos expedidos.

La falta de documentación que demuestre la procedencia de estos procesos pone en valor la creencia de que muchos procesos de Incapacidad Temporal pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social.

Frente a esta situación, el Tribunal de Cuentas ha recomendado el impulso de nuevas medidas de control tales como la creación de una base de datos que fiscalice fehacientemente los partes médicos junto con el resto de documentación de que dispongan las entidades del Sistema o, incluso, la obligatoriedad de comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal de los pagos directos derivados de prestaciones de Incapacidad Temporal a favor de trabajadores por finalización de los contratos laborales.

La situación crítica por la que atraviesa el Sistema está en el punto de mira de las Mutuas ya que, a día de hoy, todavía está por decidir si las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, pero de gestión privada, pueden dar de alta a los trabajadores en los casos de enfermedad común. Ahora es el médico de la Seguridad Social el que tiene la última palabra sobre si el trabajador puede o no volver al trabajo.

Se decida o no que las mutuas sean los próximos organismos fiscalizadores en los supuestos de Incapacidad Temporal, lo cierto es que, Álvarez de Miranda ya ha señalado que el Tribunal lleva más de veinte años ejerciendo una labor crítica con la gestión de las mutuas pero ha insistido en que el control de éstas “fue más fiable que el de la Seguridad Social”.