El Anteproyecto de Ley de Fundaciones, ¿un paso hacia adelante?

José Deusa. Asociado. Departamento Mercantil.

No son pocas las noticias que podemos escuchar o leer acerca sobre la utilización de diversos instrumentos jurídicos que, siendo plenamente lícitos y transparentes, son usados para fines fraudulentos, como el blanqueo de capitales, obtención de ayudas y subvenciones públicas indebidas, aplicación de beneficios fiscales sin cumplir los requisitos legalmente previstos, etc. Entre dichos instrumentos se encuentran, aunque también es cierto que en raras ocasiones, las fundaciones.

Ante esta situación, el Consejo de Ministros, en su reunión celebrada el pasado 29 de agosto de 2014, aprobó el Anteproyecto de Ley de Fundaciones. Aunque el contenido de este nuevo Texto normativo en comparación con el de su antecesor es prácticamente idéntico, bien es cierto que ha introducido algunas novedades que, siendo importantes, cuestionan la necesidad de aprobar una nueva norma para ello en vez de modificar la regulación ya existente.

Tal y como prevé su preámbulo, la finalidad del Anteproyecto es, principalmente, evitar la utilización fraudulenta de las fundaciones, de forma que se conviertan en meros instrumentos para el desarrollo de cualquier otra actividad o finalidad diferente de la de conseguir el fin general para el que han sido constituidas.

Para ello, el Anteproyecto introducirá, frente a la regulación anterior, las siguientes novedades, entre otras:

  • Con la finalidad de evitar la constitución de fundaciones que, per se, no puedan desarrollar la actividad fundacional tendente a conseguir un interés general para el que han sido creadas, se establecerá como requisito previo de constitución la obtención de un informe favorable del Protectorado acerca de la idoneidad, adecuación, suficiencia y viabilidad de la misma. Dicho informe tendrá que emitirse (en sentido positivo o negativo) en un plazo no superior a tres meses desde su solicitud.

Ningún Notario podrá otorgar la correspondiente escritura de constitución de la fundación sin este informe preceptivo emitido por el Protectorado en sentido positivo ni, por consiguiente, podrá inscribirse en el correspondiente Registro.

  • Se eliminará la posibilidad de realizar un desembolso sucesivo para la constitución de la fundación, con la finalidad de controlar la procedencia de los fondos destinados a la dotación.
  • El Anteproyecto recoge unos principios de buen gobierno que deberá regir en las actuaciones de todos los miembros del patronato.
  • Para fomentar la transparencia en la actuación de las fundaciones, las mismas deberán publicar en su página web los datos más relevantes de su actividad fundacional (actividades previstas y las desarrolladas en cumplimiento de sus fines fundacionales), sus cuentas anuales, las personas que ostentan cargos dentro de la fundación (miembros del patronato, directivos, etc.) así como las subvenciones y ayudas públicas recibidas.
  • Dentro de las causas de extinción, se incluirá la falta de presentación de sus cuentas anuales o planes de actuación durante tres ejercicios continuados.

Además, el Anteproyecto prevé la creación de un Registro Único de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Justicia, y en el que se aglutinarán todos los Registros de Fundaciones que dependían de los diferentes Ministerios. La creación de este Registro ayudará a resolver diferentes cuestiones que se han planteado a lo largo de muchos años, como por ejemplo ante el Registro de qué Ministerio debía solicitarse la inscripción de una fundación cuando esta pretendía desarrollar actividades en pro del interés general relacionado con actividades vinculadas a diferentes Ministerios.

No obstante, la creación del Registro Único es cuestión que se prevé en la norma vigente (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) y hasta la fecha no ha sido creado. ¿Tras la aprobación parlamentaria del Anteproyecto se creará este Registro Único o deberemos seguir esperando para ello?

A pesar de todo lo anterior, es previsible que el texto del Anteproyecto se modifique como consecuencia de su trámite parlamentario hasta su aprobación definitiva por las Cortes Generales. Independientemente del texto definitivo que se apruebe, sólo el tiempo resolverá si verdaderamente las medidas que pretende introducir el Anteproyecto servirán para impedir que las fundaciones puedan utilizarse, en algunas ocasiones, como instrumentos de fraude y si, tras más de una década de espera, se creará el Registro Único de Fundaciones.