¿Es España un lugar apropiado para emprender? Desmontando algunos mitos del clima emprendedor en España.

Jaime Aguilar. Asociado. Departamento Emprendedores y Start Ups.

Como cada año, el Banco Mundial publicó hace unos meses su informe anual “Doing Business 2014 – Entendiendo las regulaciones para las pequeñas y medianas empresas”. Este informe es un indicador que proporciona cada año una medición de las regulaciones empresariales que impulsan la actividad empresarial y aquellas que la constriñen para las empresas locales de 189 economías a 1 de junio de 2013. Cuando uno desciende a los detalles del informe comprobamos, con gran preocupación que España, en lo referente a la facilidad para iniciar un negocio, ocupa la posición 142ª sobre un total de 189 países, con una caída de 6 posiciones respecto al año anterior, lo que nos aleja cada vez más, no sólo de los países líderes de la zona Euro, sino también de otros como Italia, Portugal y Grecia, situándonos a la altura de exóticas regiones como Sudán, Benín o Malí.

Las principales conclusiones que podemos extraer del informe “Doing Business 2014”, por lo que respecta a la facilidad que ofrece España para iniciar un negocio, son las siguientes:

  • En término de plazos, la apertura de un negocio en España requiere de media un total de 23 días, habiéndose reducido este plazo en 5 días respecto a los 28 días que reflejaba el informe anterior. A pesar de esta leve mejoría, estamos aún lejos de los 14 días de Grecia, los 6 días de Italia o los 2,5 días de Portugal.
  • Respecto de los costes asociados a la apertura de un negocio, destacan los altos costes administrativos que un emprendedor tiene que afrontar para iniciar un negocio en España. Así, notarios y registradores perciben de media la cantidad de 800€ por incorporar una sociedad, lo que nos sitúa a considerable distancia de los 360€ de Portugal, los 230€ de Grecia y los exiguos 100€ del Reino Unido.
  • Finalmente, en materia impositiva, cabe destacar que nuestro país ocupa la posición 67ª en el escalafón de 2014 en lo referente a la carga fiscal que soportan nuestras empresas, lo que supone un considerable descenso si lo comparamos con el puesto 33º alcanzado en 2013. Algunos datos demoledores que hablan de la situación actual en España son que, en términos de media, el porcentaje de impuestos que se ingresan a las arcas del Estado sobre los ingresos que ha obtenido la empresa vía beneficios comerciales es del 21,2%, siendo la media de la OCDE del 16,1%;  que, asimismo en términos medios, los impuestos y contribuciones obligatorias que pagan las empresas sobre el porcentaje de su beneficio por tener personal contratado representan el 36,8%, siendo la media de la OCDE del 23,1%; o, finalmente, que la tasa de impuestos y contribuciones totales durante el segundo año de actividad de una empresa, expresada como porcentaje de los beneficios comerciales, asciende a una media del 58,6%, siendo la media de la OCDE del 41,3%.

A la vista de todo ello, cabe legítimamente preguntarse si la Ley de Emprendedoras y las restantes medidas legislativas aprobadas o anunciadas por el Gobiernos permitirán situar a España a la cabeza de los países desarrollados que más favorecen la puesta en marcha de un negocio y, por consiguiente, la eliminación de trabas administrativas al emprendimiento, o si será únicamente la enésima intentona fallida.

A este respecto, sería pertinente concluir con una doble reflexión: Cualquier medida que se adopte será vana si los países de nuestro entorno, con los que nos comparamos y competimos para atraer y retener inversión y talento, redoblan sus propios esfuerzos y, en términos relativos, diluyen los potenciales efectos positivos de dichas medidas para mejorar la competitividad de la economía española a la nada. Asimismo, es conveniente recordar que un afán recaudatorio y la sobreproducción normativa en que nos vemos inmersos son susceptibles de contrarrestar cualquier efecto positivo de las medidas positivas aprobadas en los diversos ámbitos de actuación.