Golpe a la discriminación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de la Comunidad Valenciana

Elisa Murillo - Olleros Abogados

Elisa Murillo. Asociado. Departamento de Fiscal.

Si el pasado 3 de Septiembre de 2014 fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien declaraba la vulneración del derecho comunitario en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) por discriminar en determinados supuestos a los contribuyentes no residentes en territorio español, ahora es nuestro Tribunal Constitucional quien se ha pronunciado en un sentido similar, en Sentencia de fecha 18 de Marzo de 2015, en relación con el requisito de residencia en la Comunidad Valenciana para aplicar la bonificación en la cuota del ISD.

En la citada Sentencia, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo mediante auto de 8 de Mayo de 2013, respecto del artículo 12.bis.a)[1] de la Ley de la Comunidad Valenciana 13/1997, de 23 de diciembre en la que la aplicación de la bonificación del 99% en la cuota del Impuesto estaba condicionada a la residencia del contribuyente en la Comunidad Valenciana. Finalmente, nuestro Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad de este requisito de residencia, al entender que no solo vulnera el principio de igualdad sino que es incompatible con un sistema tributario justo, al utilizar un criterio de reparto de las cargas públicas que carece de una justificación razonable.

La exigibilidad de la residencia para poder aplicar la bonificación generaba liquidaciones injustas para los contribuyentes del ISD de la Comunidad Valenciana que residían en otras comunidades. De hecho, la reciente Sentencia tiene su origen en una autoliquidación del ISD, presentada en 2010 por cuatro contribuyentes, una madre y sus tres hijos, por el fallecimiento del cónyuge y padre, respectivamente. Con una misma porción hereditaria de 841.999,40 euros para cada hijo, dos de ellos debían abonar cuotas tributarias de unos 2.000 euros y la cuota del tercero ascendía a 202.210,86 euros. A pesar de que entre los tres herederos existía una situación de absoluta igualdad, el tercero no pudo aplicar la bonificación del 99% de la cuota por no ser residente en la Comunidad Valenciana.

Dichas situaciones de trato desigual en el ISD de la Comunidad Valenciana, entre contribuyentes residentes en diferentes comunidades ya había sido resuelto legislativamente mediante la modificación del citado artículo 12.bis.a), de modo que desde el 1 de enero del presente año 2015 ya no es requisito la residencia en la Comunidad Valenciana para poder aplicar la bonificación en la cuota, que en la actualidad es del 75% y no del 99%, como ocurría hasta agosto del año 2013.

La Sentencia del Tribunal Constitucional puede ser relevante para muchos contribuyentes del ISD de la Comunidad Valenciana residentes en otras comunidades, pues puede tener efectos en:

  1. Las autoliquidaciones o liquidaciones del ISD pendientes de presentar o recibir por los contribuyentes, pero cuyo devengo del impuesto fue anterior al 31 de diciembre de 2014, fecha en la que la normativa aún recogía la residencia como requisito imprescindible para aplicar la bonificación.
  2. Los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído resolución firme, como pueden ser:
    • Procedimientos de solicitud de rectificación de autoliquidaciones del ISD, con solicitud de devolución de ingresos indebidos, iniciados a instancia de contribuyentes que no pudieron aplicar la bonificación por no ser residentes en la Comunidad Valenciana.
    • Procedimientos derivados de liquidaciones complementarias del ISD, practicadas por la Administración, en las que se denegara la aplicación de la bonificación por no ser el contribuyente residente en la Comunidad Valenciana.

Asimismo, los contribuyentes que presentaron autoliquidaciones por el ISD en las que no aplicaron la bonificación por razón de residencia, siempre que no haya pasado el plazo de prescripción de 4 años, pueden instar ahora la rectificación de la autoliquidación y solicitar la devolución de ingresos indebidos correspondiente, junto con los intereses de demora generados hasta el momento en el que se acuerde la devolución, haciendo referencia a la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de referencia.

Por último, aclarar que en el caso de hechos prescritos podría analizarse la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Comunidad Valenciana.



[1] Redacción dada por el artículo 16 de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de Diciembre.