Hacia una protección más efectiva de los consumidores. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de julio de 2013.

Cristina de Santiago. Abogado. Departamento Procesal.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 26 de julio de 2013, se ocupa de resolver el recurso de Apelación presentado contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid corolario de la interposición por la OCU de un acción colectiva de cesación en el uso de determinadas condiciones generales de la Contratación consideradas abusivas en determinados contratos bancarios (préstamo hipotecario, cuenta bancaria, tarjetas y servicios online).

Este pronunciamiento judicial, junto con otros muchos – STJUE de 14 de marzo de 2013, STS de 9 de mayo de 2013, STJM nº 3 de Barcelona de 2 de mayo de 2013-, es un fiel reflejo de los cambios que se están produciendo en nuestro país a todos los niveles – social, legislativo y judicial – en un contexto marcado por la crisis, donde se hace necesaria una mayor protección de los consumidores y usuarios, no ya solo de productos bancarios, sino de todo tipo de productos y servicios.

La referida resolución no supone una revisión de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de mayo de 2013 (cláusulas suelo), pero sí ofrece, en ocasiones, una crítica velada a determinados aspectos de la misma, que deja la puerta abierta a nuevas interpretaciones en materia de protección de consumidores y usuarios. Además, este pronunciamiento supone una confirmación de la preeminencia absoluta, en esta materia, del Derecho comunitario y la jurisprudencia del TSJUE que se erige como piedra angular guía para nuestros Tribunales (muestra de ello es la interposición de una Cuestión prejudicial comunitaria por el JPI nº 2 de Marchena en relación con la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social).

A lo largo de sus más de 120 páginas y 36 Fundamentos Jurídicos se encarga esta Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de dar respuesta a las cuestiones planteadas por las partes, cuyo nexo común pivota en la declaración de nulidad de las cláusulas objeto del procedimiento, y ello en base al control de transparencia y contenido al que se ven sometidas en sede judicial. Control que, por su parte, no está exento de problemas puesto que obliga a conjugar la posibilidad de revisar de oficio la existencia de cláusulas abusivas, sin cambiar los términos de la discusión planteada y la imposibilidad de integrar el contrato, en caso de declarar la nulidad de las cláusulas debatidas. En este contexto, especial por la naturaleza de la acción ejercitada, la Sala declina pronunciarse sobre algunos de los aspectos más polémicos, como la devolución de las cantidades percibidas por los bancos con anterioridad a la declaración de nulidad de la llamada cláusula suelo.

En definitiva, esta – creemos – magnífica Sentencia, que resume además cuestiones muy interesantes como, por ejemplo, las relativas a legitimación en materia de acciones de cesación, termina declarando la nulidad de un total de 45 cláusulas incluidas en los contratos bancarios objeto de debate e invita a sus lectores y a todos los afectados (consumidores, bancos…) a valorar las consecuencias de esta doctrina y adaptar la práctica contractual a esta nueva realidad.