La exención de la prestación por maternidad en el IRPF: un debate no cerrado

FOTO-Miguel-Angel-Galan-Olleros-Abogados-LSC

Miguel Ángel Galán. Socio. Departamento de Fiscal.

Recientemente se hacían eco los medios de comunicación de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en virtud de la cual las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social estaban exentas de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Y ello por entender que dicha prestación se encuentra “necesariamente”,  entre las incluidas en al artículo 7, h) Ley del IRPF.

Desde entonces, muchas son las consultas recibidas respecto al alcance de dicha resolución. Pues aunque esta sentencia no sienta jurisprudencia, sí abre una puerta a aquellas contribuyentes que hayan percibido dicha prestación en los años 2012 y siguientes (los anteriores están prescritos). Recordemos, además, que dicha sentencia tan solo afecta a la contribuyente que reclamó y no vincula a la Administración Tributaria, la cual sigue manteniendo que dicha prestación no está exenta en IRPF y que tiene que someterse a tributación.

Pero el asunto no está nada claro. Si la sentencia del TSJM resolvió la exención de dicha prestación, una más reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede Sevilla, ha resuelto lo contrario. Es decir, que en opinión de este tribunal, la prestación de maternidad cuando es satisfecha por la Seguridad Social sí debe tributar en el IRPF por no encontrarse exenta.

Sin ser exhaustivo, desde un punto de vista técnico, la diferencia está en que el TSJ de Andalucía realiza una interpretación literal de la norma y, aplicando la prohibición de interpretación analógica en materia de exenciones, concluye que la norma no contiene explícitamente una exención respecto a la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad Social. Sí la contiene, paradójicamente, cuando dicha prestación se percibe de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Por el contrario, el TSJ Madrid interpreta la norma atendiendo a la exposición de motivos de la Ley que introdujo dicha exención en Ley 40/1998, del IRPF, y que ha sido trasladada a las sucesivas leyes del IRPF. La citada Exposición de Motivos hacía referencia al establecimiento de “…exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo…”. Sin embargo, la redacción literal de la norma no contempla la exención de la prestación de maternidad cuando la misma es satisfecha por la Seguridad Social.

Sin duda, será el Tribunal Supremo quien deberá resolver esta disparidad en la interpretación de la norma y quien finalmente establezca la jurisprudencia que obligue en su actuar tanto a los Tribunales como a la Administración Tributaria. Y ello sin descartar que sea el propio legislador el que se anticipe con una reforma del precepto siquiera para evitar controversias futuras en cuanto al alcance de la norma referida.

Y mientras tanto ¿qué se recomienda hacer a las contribuyentes?

Desde un punto de vista práctico, la principal recomendación es la de adoptar la interpretación de la norma más favorable al contribuyente, es decir, la exención de la prestación en el IRPF. Siquiera sea por la posibilidad de que el Tribunal Supremo acabe por confirmar la sentencia del TSJ de Madrid y no la del TSJ de Andalucía.

Para ello, es recomendable, en primer lugar, evitar que prescriban los ejercicios en los que se percibieron dichas prestaciones. El primero en prescribir será el ejercicio 2012, que lo hará el próximo 30 de junio de 2017, y así sucesivamente de año en año, el 2013, 2014 y 2015.

El mecanismo para evitar la prescripción e iniciar la solicitud de devolución de los impuestos satisfechos es la solicitud de rectificación de la autoliquidación presentada y devolución de ingresos indebidos. Si, como es previsible, la Administración Tributaria deniega la petición, el camino a recorrer pasa por interponer recurso de reposición contra la denegación de rectificación ante el mismo órgano de gestión que resuelva, posteriormente reclamación económico-administrativa ante el correspondiente Tribunal Económico-Administrativo, y frente a la desestimación, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de residencia. La idea es intentar que estos procedimientos y procesos duren lo más posible, a expensas de conocer el criterio del Tribunal Supremo o tener la suerte de residir en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo Tribunal Superior de Justicia ya ha expuesto su criterio, o en cualquier otra Comunidad Autónoma cuyo Tribunal Superior de Justicia lo comparta.

Al final se trata de sopesar el coste de la oportunidad. Es decir, lo que puedo obtener si finalmente mi petición prospera, incluyendo los intereses de demora a satisfacer por la administración, frente al coste de los profesionales que nos presten la asesoría necesaria para llevar a cabo este proceso.