La grabación de una conversación privada por un particular sirve como prueba procesal

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Darío García-Puente. Abogado. Área de Derecho Penal

La reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, nº 652/2016, de fecha 15 de julio de 2016, devuelve a la actualidad jurídica un asunto que ya ha sido tratado en diversas ocasiones en nuestra jurisprudencia, y cuya vertiente más morbosa suscita gran interés a pie de calle. Se trata del valor probatorio de las grabaciones entre particulares y la posible colisión de esta actuación con derechos fundamentales como el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a no declarar contra sí mismo o el derecho a no confesarse culpable.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2016, establece que el empleo de grabaciones de conversaciones privadas en la fase de juicio oral del proceso penal, realizadas por uno de los intervinientes en la misma y en un ámbito particular, no vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a no declarar contra sí mismo ni el derecho a no confesarse culpable.

El Fundamento de Derecho 7º de la meritada sentencia, establece que: “la aportación al proceso de grabaciones de conversaciones particulares realizadas por uno de sus protagonistas no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, pues este derecho no puede esgrimirse frente a los propios intervinientes en la conversación”.

En este sentido, la reiterada doctrina jurisprudencial, encabezada por la Sentencia del Tribunal Supremo 421/2014, de 16 de mayo, pone de manifiesto que la grabación de una conversación privada vulnerará el derecho al secreto de las comunicaciones cuando la persona que realice la grabación sea un extraño para la misma, es decir, no intervenga en la conversación y actúe interceptándola, siendo requisito necesario que llegue a conocer su contenido. Este argumento se ve reforzado en el Fundamento Jurídico 4º de la reciente STS 4555/2016, de 20 de octubre.

La Sentencia del Tribunal Supremo 2081/2001, de 9 de noviembre, establece por su parte, los criterios que deben ser tenidos en cuenta para entender vulnerado el derecho a no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable. En su virtud, el Alto Tribunal entiende que en el caso de que en los autos de la instancia no hubiese más prueba contra el acusado que la declaración de carácter auto-inculpatorio grabada sin conocimiento del interlocutor, estaríamos ante una vulneración del derecho a no declarar contra sí mismo pudiendo derivar en una conculcación del derecho a no confesarse culpable. En este supuesto, nos enfrentaríamos a una ausencia de prueba, debido a la prohibición ex art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de valorar aquellas pruebas obtenidas con una violación de los derechos fundamentales.

Sin embargo, de conformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo 2081/2001, de 9 de noviembre, si en los autos de instancia consta una pluralidad de pruebas contra el acusado, y éstas son sometidas a contradicción en el juicio oral, el Tribunal de instancia podrá apreciar y valorar estas pruebas para llegar a la conclusión de que el acusado es culpable, sin que se produzca vulneración alguna de ningún derecho fundamental.

Por tanto, pueden darse casos en los que no se produzca una conculcación del derecho al secreto de las comunicaciones porque la persona que graba la conversación forme parte de la misma, pero a su vez sí que se vulnere el derecho a no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable, en el supuesto de que la conversación haya sido grabada por uno de los interlocutores intervinientes pero que dicha grabación sea la única prueba de cargo obrante en autos.

En este mismo sentido, es necesario destacar que para que no se vulneren los derechos fundamentales a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, será necesario que la persona a la que se pretende grabar acuda al encuentro o reunión libremente. Si para que acuda a la cita con la premeditada intención de que confiese se utiliza el engaño, la grabación aportada no será válida. Tal y como asevera la Sentencia del Tribunal Supremo 1066/2009, de 4 de noviembre, “[…] la espontaneidad y la buena fe son requisitos condicionantes de su valoración.”

Estos serían, grosso modo, los principales criterios a tener en cuenta en relación con la validez como medio probatorio de la grabación de una conversación privada realizada por un particular, pudiendo ser usados como guía la próxima vez que alguien nos pregunte si puede grabar una conversación con una persona a la que pretenda denunciar.