La ironía de la plusvalía. ¿El comienzo del fin?

Raul Ayo - Olleros Abogados

 

Raúl Ayo. Asociado. Departamento de Fiscal.

Como todos sabéis, y hasta la fecha, cuando se transmitía un inmueble se debía pasar por caja de forma casi imperativa.

Daba igual que se tratara de una compraventa entre personas físicas o jurídicas, que se hiciera con ánimo lucrativo u oneroso, o que incluso se hubiera generado una pérdida con la citada transmisión. Transcurrido un año como titular del inmueble, tocaba pagar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como “plusvalía municipal”.

Dicho Impuesto se encuentra regulado, conforme a normativa estatal, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL). Dicho texto legal configura el Impuesto objeto de las presentes líneas como un tributo directo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, aflorado como consecuencia de la transmisión de la propiedad,o de la constitución o transmisión de derechos reales de goce sobre los mismos.

Pues bien, dicha actitud costumbrista parece que podría ser alterada de forma definitiva, con grave detrimento para las Arcas Públicas municipales.

Hasta la fecha han existido diversos pronunciamientos judiciales -por parte de Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia-, que anulaban las liquidaciones giradas por dicho concepto en supuestos de inexistencia de ganancia patrimonial (STJS de Cataluña de 18 de julio de 2013, o STSJ de Madrid de 11 de diciembre de 2013). Dichos pronunciamientos se basaban esencialmente en considerar que cuando se generaba una minusvalía con motivo de la transmisión del inmueble, no se cumplía el hecho imponible.

Pues bien, dicha tesis podría verse ahora reforzada por el propio Tribunal Constitucional. Así, el pasado 5 de febrero de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de San Sebastián ante un supuesto de hecho en el que una sociedad vendió una finca con una evidente minusvalía –el precio de venta ascendía aproximadamente al 20% del precio de compra-,dictó auto mediante el que planteaba la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 107 y 110.4 LHL, fundamentalmente por dos motivos:

– Posible infracción del principio de capacidad contributiva del artículo 31 de la Constitución Española.

–  Posible infracción del artículo 24 de la Constitución Española al proscribir la norma cualquier género de prueba en contrario.

Dicha cuestión de inconstitucionalidad ha sido recientemente admitida a trámite en fecha de 28 de abril de 2015, mediante providencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional.

Por todo ello se puede afirmar que estamos más cerca de dirimir la ironía de la plusvalía, confiando en que sea el Tribunal Constitucional quien finalmente disponga la irracionalidad de la norma, debiendo únicamente tributar por el efectivo y real incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

A estos efectos, y como posible recomendación para los contribuyentes que se hayan visto obligados a pagar la cuestionada plusvalía municipal en casos de transmisiones que hayan generado pérdidas, debería analizarse la conveniencia de interrumpir la posible prescripción, así como solicitar la suspensión de los procedimientos jurisdiccionales que se encuentren ya iniciados, por la vía de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la norma.