La vorágine legislativa

Maribel Antón - Olleros Abogados

 

Maribel Antón. Asociado. Departamento de Mercantil.

En este último año, el gesto de consultar el BOE para estar al día de las novedades legislativas ha dejado de ser algo que podía hacerse rápidamente con el café de la mañana para pasar a ser una actividad a la que hay que dedicar prácticamente una jornada e incluso completar con cursos de formación, y es que los constantes cambios que se están produciendo en el ámbito legislativo están generando entre los juristas una profunda sensación de inseguridad jurídica.

En 2015 se han alterado sustancialmente todos los códigos básicos en los que se apoya nuestro sistema jurídico: (i) se ha modificado el Código Penal, La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil —que a su vez modifica el Código Civil en cuanto al plazo de prescripción de las acciones personales y las que no tengan señalado un plazo de prescripción especial— la Ley Concursal, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley del Registro Civil y la Ley Hipotecaria; (ii) se ha aprobado la Ley de Jurisdicción Voluntaria que amplía las competencias de los Notarios, modificando al efecto la ley del Notariado; (iii) se ha aprobado la Ley de mecanismos de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social; (iv) se ha aprobado el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Empleo y de la Ley del Mercado de Valores, todos ellos publicados en el BOE del pasado 26 de octubre; (v) y están todavía a la espera de ver la luz otras disposiciones como el proyecto de Ley de Patentes, el proyecto de ley de Auditoría de Cuentas o el tan comentado Nuevo Código Mercantil al que en un principio se dio tanto impulso pero que ya es poco probable que llegue a ver la luz en esta legislatura.

Son pocas las parcelas del Derecho que han quedado sin modificación, produciendo como resultado la inseguridad de no saber de antemano cuál debe ser el derecho aplicable a una determinada situación y cómo y por quién debe aplicarse. Inseguridad que no sólo afecta a los abogados sino al resto de los operadores jurídicos, que en la mayor parte de los casos se ven superados por los cambios.

A día de hoy, los Notarios se mantienen a la espera de una instrucción que les explique cómo van a realizarse, por ejemplo, las nuevas subastas notariales previstas en el artículo 72 de la Ley del Notariado. Cada consulta que se les plantea en relación a las nuevas competencias requiere de un estudio previo, de forma que algo que parecía tan práctico como la posibilidad de reclamar deudas ante Notario —y que podía pensarse que se aplicaría a las que son susceptibles de reclamarse en un monitorio—, encuentra como impedimento el que los Notarios carecen aún de certeza sobre cuáles son los requisitos que deben cumplirse para poder aplicar este procedimiento que culmina con un acta de carácter ejecutivo.

El Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, han puesto a disposición de los abogados sendas plataformas para poder dar cumplimiento a la nueva necesidad de que las comunicaciones con los Juzgados se realicen de forma telemática. A su vez, el Colegio de Abogados de Valencia ofrece a los Letrados la posibilidad de solicitar el nuevo carnet con la correspondiente firma digital que les permita el acceso a la plataforma del Consejo General —hasta hace unos días sin coste, a partir de ahora por 22,50€— y ello a pesar de que los Juzgados no se encuentran todavía preparados para la implantación de estos nuevos requisitos, previstos por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que deberán comenzar a aplicarse de forma exclusiva a partir del próximo mes de enero de 2016.

Pero los procuradores son quizás los más afectados por tanta reforma. A ellos se les exige digerir en tiempo récord los cambios en ambas leyes de enjuiciamiento, contestar a las infinitas consultas que les formulamos los letrados —alarmados por no tener certeza siquiera sobre cómo deberá realizarse un simple apoderamiento apud acta—, y tener además que lidiar con el personal de la Administración de Justicia, sobrepasado también por los cambios y al que le siguen faltando recursos.

Como decía, es época de cambios, y de que se sucedan los cursos de formación, el estudio y la práctica para seguir dominando un Derecho en constante adaptación.

La vorágine legislativa