Ley de medidas urgentes en materia concursal: ¿la penúltima reforma?

Manuel García-Pozuelo - Olleros Abogados

 

Manuel García-Pozuelo. Abogado. Departamento de Procesal.

Una vez más el legislador nos sirve una nueva reforma concursal que analizar. Concretamente, el pasado martes se publicó en el BOE la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal -en lo sucesivo, la “Ley”-. Esta Ley procede del Real Decreto 11/2014, de 5 de septiembre y, si bien mantiene y revalida las modificaciones ya introducidas por esta última, incluye algunas novedades.

Tal y como se anticipa en el preámbulo de la Ley -ya vigente-, su parte dispositiva consta de un único artículo por el que se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal -en adelante, la “LC”- y relativos a (i) el convenio concursal, (ii) la fase de liquidación, (iii) la calificación del concurso, (iv) el acuerdo extrajudicial de pagos y (v) los acuerdos de refinanciación.

Entrando en materia, destaco determinadas innovaciones que ahora se publican así como otras que ahora se sancionan y que, a mi juicio, son las más relevantes:

  • Con la comunicación sobre el inicio de negociaciones con acreedores realizada al Juzgado de lo Mercantil, se imposibilita la iniciación o continuación de ejecuciones sobre bienes del deudor, siempre y cuando éstos sean necesarios para la continuidad de la actividad empresarial. En este sentido, la nueva norma atribuye expresamente la competencia para resolver sobre el carácter necesario del bien al propio Juzgado Mercantil e impone al Secretario Judicial la obligación de relacionar los bienes que tengan tal consideración en el Decreto que dicte, teniendo por efectuada la comunicación y siendo dicha resolución susceptible de recurso no devolutivo, es decir, que resolverá el propio Juzgado Mercantil.
  • Se asignan nuevos deberes informativos a la Administración Concursal. A partir de ahora deberá remitir tanto al deudor como a los acreedores documentos tales como; solicitudes de rectificación de la propuesta de inventario y del listado de acreedores, su informe, los textos definitivos, los informes de evaluación de las propuestas de convenio que sean posteriores a la emisión de su informe o los desfavorables o que contengan reservas respecto a las propuestas anticipadas de convenio, los informes trimestrales de liquidación y la rendición de cuentas. Algunos de estos documentos deberán publicarse, además, en el Registro Público Concursal. Una vez aprobado el plan de liquidación de persona jurídica, el administrador deberá remitir a dicho Registro determinada documentación para su publicación con la finalidad de la enajenación de sus activos.
  • Se amplía la consideración de persona especialmente relacionada con el deudor-persona jurídica a los socios que sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales o que, en el momento del nacimiento del crédito, sean titulares de, al menos, un 5% del capital social o bien un 10% según la sociedad tenga o no valores admitidos a negociación.
  • Se flexibilizan los convenios. Ejemplo de ello es que se eliminan las limitaciones de 50% y 5 años de quitas y esperas y se establece un sistema de mayorías reforzadas, o que se permita la modificación de convenios de acreedores en vigor en determinados supuestos.
  • Se incluyen en el quórum para la constitución de la junta de acreedores a los privilegiados y ello, entre otras razones, al establecer que la junta podrá constituirse no sólo con la mitad del pasivo ordinario sino también con la mitad del pasivo que pueda resultar afectado por el convenio, excluidos los acreedores subordinados.
  • Algunos aspectos recogidos en las reglas de liquidación supletorias del artículo 149 y relativos a la enajenación del conjunto de la empresa o unidades productivas pasan a ser de obligado cumplimiento. En este sentido, entiendo aleatorio cumplir con la exigencia consistente en que los ofertantes de la subasta incluyan una partida relativa a los gastos realizados por la empresa para la conservación de la actividad hasta la adjudicación definitiva y ello por la imprevisibilidad de los plazos judiciales.

La tramitación y discusión parlamentaria ha servido para mejorar las disposiciones del Real Decreto del que proviene la Ley y confirman la profunda reforma de la LC, aunque en ese proceso se han rechazado, en mi opinión, algunas propuestas de enmienda que eran sumamente razonables como aquella que separaba la figura del mediador concursal de la del administrador concursal del concurso consecutivo o las que posibilitaban que la Hacienda Pública suscribiese los acuerdos de refinanciación o convenios y condiciones singulares de pago que no fuesen más favorables para el deudor que las del acuerdo de refinanciación o convenio.

¿Es esta la última reforma concursal?

Desde este momento podemos afirmar que no, pues estamos a la espera de la tramitación parlamentaria de la modificación concursal derivada de la a aprobación del Proyecto de Ley de segunda oportunidad.

Para concluir, me gustaría mencionar la amplia y aún indeterminada invitación que se realiza al Gobierno en la Disposición Final octava de la Ley, otorgándole un plazo de 12 meses para elaborar un texto refundido que permita, además, regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos. El contenido y alcance del mismo es, a día de hoy, una incógnita.