Acabando con el mito de las sociedades “inmortales”

FOTO-Pedro-Albarracín-Olleros-Abogados-Mercantil

Pedro Albarracín. Asociado Senior. Departamento de Mercantil.

Existe en nuestro ámbito jurídico y empresarial, de forma además especial y preocupantemente generalizada, la creencia de que no resulta posible la liquidación de una sociedad (y, en especial, la inscripción de dicha liquidación ante el Registro Mercantil correspondiente, y, en consecuencia, la extinción registral de la compañía en cuestión), cuando dicha mercantil no ha podido satisfacer con carácter previo la totalidad de sus deudas.

Dicha consideración, desafortunadamente, como decimos, bastante extendida, genera especialmente problemas sobre todo en dos tipos de situaciones (nada excepcionales en nuestro ámbito económico y jurídico en los últimos años). Por un lado, las de aquellas compañías declaradas en concurso de acreedores, pero cuyos procedimientos concursales finalizan anticipadamente, incluso en el mismo momento de su declaración, como consecuencia de la inexistencia de masa activa. Por otro, las de aquellas compañías que se encuentran en situación de insolvencia, pero que ni siquiera tienen acceso al procedimiento concursal para llevar a cabo su liquidación en el seno del mismo por ostentar la totalidad de su deuda frente a un único acreedor (en este sentido debe señalarse que, aunque bien es cierto que una parte minoritaria de nuestra doctrina defiende que dicha circunstancia no es óbice para que un deudor se pueda acoger al procedimiento concursal, la realidad es que actualmente es enormemente mayoritaria la posición de los defensores de la exigencia de la pluralidad de acreedores como requisito previo y esencial del procedimiento concursal).

Así, en los escenarios anteriormente descritos, la situación que se provoca habitualmente es la de sociedades que pasan a ser lo que por muchos se ha venido a denominar de forma coloquial como “sociedades zombies”. En concreto, nos encontramos en esos supuestos con compañías sin actividad empresarial alguna, disueltas, sin activos, pero aún con obligaciones de pago pendientes, y, en consecuencia, según la creencia más extendida, sin posibilidad de que sus liquidadores puedan finalizar el correspondiente proceso liquidatorio, llevando a cabo a tal fin el preceptivo otorgamiento e inscripción de la escritura de liquidación ante el Registro Mercantil y obteniendo, consecuentemente, la extinción registral de la compañía.

Dicha consideración debe reconocerse no obstante que viene en gran medida provocada por el tenor literal de los artículos de nuestra Ley de Sociedades de Capital que regulan el proceso liquidatorio, y, en especial, del artículo 395 de dicho texto legal, que establece la exigencia de que en la escritura pública de extinción de la sociedad los liquidadores manifiesten “que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos”.

No obstante lo anterior, y pese a dicho tenor literal, nuestra Dirección General de los Registros y del Notariado ya ha resuelto en varias ocasiones sobre la inscripción de la extinción de sociedades en este tipo de situaciones, siendo la más conocida de sus resoluciones la dictada en fecha de 13 de abril de 2000, que si bien es anterior a la actual Ley de Sociedades de Capital y a la vigente Ley Concursal, ha sido más recientemente ratificada por otras resoluciones posteriores, como por ejemplo la dictada en fecha de 29 de abril de 2011, en la cual, entre otras cuestiones, se señala expresamente que “como puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 13 de abril de 2000, aunque es principio básico de nuestro ordenamiento jurídico societario que el reparto del haber social entre los socios requiere inexcusablemente la previa satisfacción de los acreedores sociales –o la consignación o el depósito del importe de la obligación pendiente e, incluso, su aseguramiento o afianzamiento, según los casos– (…), es también cierto que esas disposiciones relativas al pago de los acreedores o consignación de sus créditos presuponen necesariamente una disponibilidad patrimonial que permita el cumplimiento de tales obligaciones, de suerte que si resulta acreditada la inexistencia de haber social, no puede impedirse la cancelación de los asientos registrales de la sociedad. Por ello, para practicar tal cancelación, en dicha Resolución se estimó suficiente que en el balance de liquidación, y bajo la responsabilidad del liquidador, constara la inexistencia de activo alguno para la satisfacción del acreedor.”

Así, y en relación con lo anterior, cabe recordar además que el efecto de la extinción registral de la sociedad no perjudicará en modo alguno al acreedor o acreedores de la sociedad extinguida, toda vez que se mantiene la aptitud de la misma para ser titular de derechos y obligaciones, mientras no se hayan agotado todas las relaciones jurídicas pendientes de la misma. En este sentido, debe señalarse que nuestra Jurisprudencia ha venido declarando reiteradamente la pervivencia de la personalidad jurídica de la sociedad y por tanto su legitimación pasiva y capacidad para ser parte pese a la cancelación de los asientos registrales (entre otras Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2013), si bien ya limitada a aquellas actuaciones requeridas para atender las relaciones pendientes, entrando en juego en este sentido lo expresamente previsto por nuestra Ley de Sociedades de Capital en su artículo 400 respecto de la formalización de actos tras la cancelación de la sociedad.