¿Más trabas para la aceptación del cargo de administrador de una sociedad de capital?

Jose Deusa - Olleros Abogados

 

José Deusa. Asociado. Departamento de Mercantil.

Como bien es sabido, el cargo de administrador de una sociedad de capital puede conllevar algunas ventajas (retribución, gestión de la compañía, etc.), sin embargo, el desempeño de dicho cargo no está exento de dificultades que pueden acarrear responsabilidades para los miembros de dicho órgano.

La normativa reguladora de las sociedades de capital —principalmente sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (esto es, más del 90% de nuestro tejido societario español)— prevé que la responsabilidad de los administradores sea solidaria entre todos sus miembros, fijando en cuatro años el plazo de prescripción de dicha responsabilidad.

Sin embargo, la cuestión acerca desde cuándo comienza el plazo de prescripción de responsabilidad de los administradores no es en absoluto un tema baladí, dado que las personas físicas —incluso jurídicas— que vayan a ocupar dicho cargo en una compañía deberán tenerlo en consideración previamente a su aceptación.

El artículo 949 del Código de Comercio español prescribía que el plazo de prescripción de responsabilidad de administradores comenzaba a contar desde que las personas que ocuparen dicho cargo “cesaren en el ejercicio de la administración”. Con dicho precepto, los administradores sabían que, en todo caso, nadie podría exigirles responsabilidades por su gestión social una vez transcurridos cuatro años desde que abandonaron dicho cargo.

Sin embargo, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, incluyó el nuevo precepto 241 bis en la normativa reguladora de las sociedades de capital: el plazo de prescripción de la responsabilidad de los administradores.

Dicho nuevo artículo de la Ley de Sociedades de Capital, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, mantiene el plazo de prescripción de responsabilidad de los miembros del órgano de administración de las compañías. No obstante, dicho nuevo precepto modifica sustancialmente la fecha a partir de la cual el plazo de prescripción de la responsabilidad de administradores comienza a computar: “… a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse”.

Esta modificación de la fecha de comienzo del plazo de prescripción de las acciones contra administradores hace que no se pueda fijar una fecha límite y exacta del plazo de prescripción de las responsabilidades de las personas que ocupen dichos cargos sociales; tampoco habrá que atender a la fecha en que el acto susceptible de ser reprochado al administrador se llevó a cabo; sino que habrá que fijarse en la fecha en que la acción contra el administrador hubiera podido ejercitarse.

 Esta modificación supone no sólo que los abogados, en caso de reclamaciones a los administradores de la sociedades, juguemos un papel mucho más relevante que hasta ahora —en cuanto la carga de la prueba respecto a la fecha en que la acción “hubiera podido ejercitarse”—, sino que existan más dificultades para que las personas (físicas o jurídicas) acepten su nombramiento para dichos cargos, en tanto en cuanto dicha indeterminación de la prescripción de su responsabilidad hará menos atractivo el ejercicio de su cargo.