Modelo 720. ¿El principio del fin?

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Leire Beltrán. Abogado. Departamento de Fiscal.

En fecha de 15 de febrero de 2017 la Comisión Europea ha remitido al Estado español un Dictamen motivado en el que le insta a modificar sus normas sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (Modelo 720).

Con carácter previo a analizar el contenido del referido Dictamen, conviene recordar que, desde el ejercicio 2013, los contribuyentes residentes fiscales en España tienen la obligación de declarar, a través del Modelo 720 y con carácter periódico, los bienes y derechos que titulen en el extranjero.

Así, en caso de incumplimiento de la anterior obligación –o de cumplimiento erróneo-, la norma prevé diversas consecuencias que pueden conllevar implicaciones fiscales muy perniciosas para el contribuyente. A modo de ejemplo, dichas consecuencias pueden consistir en (i) sanciones de hasta 5.000 euros por dato o conjunto de datos omitido o inexacto (con un mínimo de 10.000 euros), o (ii) en caso de no presentación o presentación extemporánea de la declaración, la consideración de una ganancia patrimonial no justificada, a imputar en la base imponible general del IRPF del último ejercicio no prescrito y, sobre ese resultado, la imposición de una sanción del 150% más los correspondientes intereses.

A este respecto, en el mes de noviembre de 2015 la Comisión Europea inició un expediente de infracción contra España por posible vulneración del Derecho Comunitario por determinadas disposiciones de la normativa reguladora del conocido Modelo 720.

El Dictamen motivado emitido en el día de ayer por la indicada institución, supone un paso adicional en el marco del procedimiento de infracción, al que el Estado español deberá atender en el plazo de dos meses. De conformidad con lo dispuesto en el citado Dictamen, la Comisión considera conforme a Derecho que España exija a sus contribuyentes la declaración de determinados activos que posean en el extranjero, pero determina que las multas que se imponen en caso de incumplimiento de esta obligación son desmedidas. En este orden de cosas, la Comisión concluye:

  1. Las multas impuestas por el incumplimiento del Modelo 720 son desproporcionadas en comparación con las que recaen sobre los contribuyentes en supuestos similares, pero cuando sus bienes se encuentran en España.
  2. El hecho de que las multas impuestas sean muy superiores a las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, puede producir un efecto disuasorio en los contribuyentes, que con toda lógica evitarán invertir en el mercado único o desplazarse por él.
  3. En consecuencia, las normas reguladoras del Modelo 720 que producen ese efecto disuasorio en los residentes fiscales en España son discriminatorias y contrarias a las libertades fundamentales de la Unión Europea.

En caso de que España no dé una respuesta satisfactoria en el plazo señalado, la Comisión podrá remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que resuelva si la conducta del Estado español infringe el Derecho Comunitario.

No obstante lo anterior, y hasta que no exista ningún pronunciamiento al respecto, los contribuyentes obligados por la norma deberán seguir presentando el Modelo 720.

De esta forma, en el momento en que se declare –en su caso- la nulidad de las disposiciones normativas que regulan las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación de presentar el modelo 720, los contribuyentes afectados por la citada normativa, y cuyos procedimientos hayan adquirido firmeza, podrían iniciar el correspondiente procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, con el objeto de obtener la devolución de los ingresos realizados.

Así, únicamente nos queda confiar en que la coherencia europea ponga límites al –exorbitante-  poder legislativo español.