¿Qué novedades nos depara el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público?

FOTO-Fernando-Ortega-Olleros-Abogados-Derecho-Público

Fernando Ortega. Abogado. Departamento de Derecho Público y Regulatorio.

El pasado 2 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. La necesidad de esta reforma trae causa, entre otras, de la adecuación de nuestro Derecho a las Directivas Europeas en materia de Contratación Pública de fecha 26 de febrero de 2014.

Debemos poner de relieve que una de las principales novedades de este proyecto es la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la norma. El texto prevé la extensión a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales así como a determinadas asociaciones profesionales. También se extiende a las asociaciones y fundaciones vinculadas a cualquiera de ellos cuando alguna de las entidades referidas cumpla con los requisitos para ser poder adjudicador.

Por otro lado, y por sorprendente que parezca, los contratos de obras, suministros y servicios no sufren modificaciones profundas en el nuevo texto –a excepción de la supresión del contrato de colaboración público privada-. También desaparece el contrato de gestión de servicio público y que se permite la acción concertada con entidades sin ánimo de lucro.

Aparentemente, se acentúan los principios de publicidad y transparencia, dentro del llamado “buen gobierno” y lucha contra la corrupción, procurando la profesionalización de la gestión contractual pública, antaño muy politizada. Se busca, por tanto, la gobernanza de lo público a través de una buena administración de la actividad contractual, profesional, legal, con rendición de cuentas y restricción del ejercicio de las prerrogativas.

En la misma línea, aumenta el control y las garantías sobre esa legalidad y transparencia, con especial atención a las prohibiciones de contratar y las modificaciones de contratos, la generalización del nuevo procedimiento abierto simplificado (que sustituye en la práctica al negociado sin publicidad), los criterios de adjudicación relacionados con el coste-eficacia y la calidad-precio, la necesidad de negociar en el procedimiento negociado, el control de la morosidad, la consolidación de los recursos y tribunales administrativos especiales en materia de contratación, y otras medidas antifraude y anticorrupción sobre los órganos de contratación, especialmente en relación a los órganos de supervisión. Sin embargo, se echa de menos una regulación más específica en materia de contratación electrónica, mercado incipiente y que, a día de hoy, sigue siendo un gran desconocido para la mayoría.

Vemos que la teoría no está nada mal. Adjudicaciones no objetivas, fraccionamientos ilegales, modificaciones al alza, fraudes en el procedimiento negociado y abuso de los llamados contratos menores eran los principales puntos negros. Algunos se abordan, otros no. Sigue siendo legal que un Ayuntamiento pequeño no necesite tramitar ni documentar ningún tipo de expediente en un contrato de obras que no supere los 50.000 euros más IVA.

En definitiva, el texto se encuentra en una fase provisional y por lo tanto aún puede ser modificado. Por otro lado, ha sido rechazada una enmienda a la totalidad, lo que nos permite hacernos a la idea del escenario que se plantea en materia de contratación pública en los próximos años. Se trata de una reforma con muchas luces y sombras. Insuficiente para algunos sectores críticos y que sólo el tiempo podrá determinar si se ha avanzado o no en los objetivos de los que trae causa.