Nueva Ley de Cajas de Ahorro: ¿una limitación de la competencia “sana”?

José Deusa. Asociado. Departamento Mercantil.

Desde hace tiempo hemos visto como las Cajas de Ahorro españolas se han convertido en grandes entidades de crédito que, con el paso del tiempo, su función social para la que habían sido creadas se ha postergado a un segundo plano.

Ante esta situación, el 29 de diciembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorro y Fundaciones (en adelante, la “Ley 26/2013”), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. La Ley 26/2013 tiene por objetivo cumplir con las obligaciones asumidas en el Memorándum de Entendimiento suscrito por España para obtener la asistencia que requería nuestro sector financiero.

La Ley 26/2013 limita el ámbito de actuación de las Cajas de Ahorro españolas en tres ámbitos:

  • Clientes: Los clientes de las Cajas de Ahorro serán minoritarios y pequeñas y medianas empresas.
  • Ámbito territorial: Las Cajas de Ahorro sólo podrán operar en una Comunidad Autónoma, aunque se podrá sobrepasar este límite siempre que actúen sobre un máximo de diez provincias limítrofes.
  • Actividad: La actividad financiera de las Cajas de Ahorro se orientará a la captación de fondos reembolsables y a la prestación de servicios bancarios y de inversión. No podrán dedicarse a actividades financiaras complejas, tales como por ejemplo las famosas “preferentes”.

De esta forma, lo que se ha pretendido con la Ley 26/2013 es que las Cajas de Ahorro españolas tengan los principios y actúen en el mercado como se previó originariamente para las mismas: entidades de crédito dirigidas a minoristas (particulares y pymes) que a su vez su objetivo principal fuera la consecución de fines sociales y fundacionales.

Con ello se ha tratado de solucionar también el problema que radica en nuestro país en cuanto a la falta de financiación de las entidades de crédito a autónomos y pymes, principalmente, que son el principal motor de nuestra economía nacional, de forma que las Cajas de Ahorro vayan destinadas, como antaño, a concederles la financiación que necesitan para desarrollar su actividad.

No obstante, estas limitaciones en el desarrollo de la actividad de las Cajas de Ahorro puede acarrear inconvenientes a los clientes minoristas y pymes, sobre todo por la limitación territorial en el desarrollo de su actividad. Efectivamente, circunscribir el ámbito de actuación de las Cajas de Ahorro a una determinada Comunidad Autónoma (incluso a diez provincias limítrofes) puede ser perjudicial para sus destinatarios en tanto en cuanto puede verse reducida la competencia entre las Cajas de Ahorro.

De esta forma, puede que la Ley 26/2013 impida la lucha entre las entidades de crédito de la misma clase (en este caso Cajas de Ahorro) para ofrecer condiciones más ventajosas a sus clientes con respecto a otras Cajas de Ahorro, con la finalidad de conceder estas la financiación y no otra entidad competidora.

Si no existiera otra Caja de Ahorros en una determinada Comunidad Autónoma, esta podrá fijar sus propias condiciones sin necesidad de verse obligada a competir con otras entidades competidoras de la misma clase. Sin embargo, si no existiera la limitación territorial en la actuación de las Cajas de Ahorro, impuesta por la Ley 26/2013, el poder de negociar las condiciones financieras que dispondrían los consumidores de las mismas sería mucho mayor.

Así las cosas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas estarán los minoristas (autónomos y pymes) a merced de las condiciones que vengan impuestas por la Caja de Ahorros que opere en su Comunidad Autónoma o, en el peor de los casos, por los Bancos. Y todo lo anterior teniendo en consideración la escasa financiación que vienen otorgándose

Solamente el tiempo nos dirá si verdaderamente supone una limitación de la competencia entre Cajas de Ahorro, que afectan directamente a los consumidores minoristas, o por el contrario supone un avance social en la materia. Pero lo relevante en la situación que estamos es que se abra la financiación al grueso de nuestro grupo empresarial: autónomos y pequeñas y medianas empresas.