El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal en la venta de inmuebles sin incremento de valor o con pérdidas

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Miguel Ángel Galán. Socio. Departamento de Fiscal.

El pasado 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que se declara parcialmente inconstitucional la regulación referente al Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana en el territorio histórico de Gipuzkoa, cuyo alcance pasamos a comentar seguidamente de forma abreviada, debido a su trascendencia respecto a la regulación en territorio común.

En primer lugar, reiterar que, tal como se ha indicado, la regulación que ha sido declarada inconstitucional y nula no es la normativa común contenida en la Ley de Haciendas Locales –LHL-(R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), sino parte de la regulación contenida en la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

En particular, el fallo de la Sentencia declara inconstitucionales y nulos los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la norma foral, “…pero únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”. El Tribunal Constitucional aclara que la regulación del impuesto, con carácter general, no es contraria a la Constitución en su configuración actual. Lo es tan solo en aquellos supuestos en que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, cuyo ejemplo más claro es la venta por igual o inferior precio al que fueron adquiridos los terrenos de naturaleza urbana.

Lo que el Tribunal viene a pedir al legislador es que realice las adaptaciones necesarias en la legislación vigente para que quede clara la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación, ya que según la regulación vigente, por la mera titularidad del terreno y el transcurso de un período de tiempo superior a un año y con un máximo de veinte, se presupone la existencia del incremento de valor que queda automáticamente sometido a tributación sin que quepa prueba en contrario. Esta regulación, según el Tribunal, supone que en situaciones en las que no hay incremento de valor o incluso una disminución del mismo se someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica.

El Tribunal no ha delimitado los efectos temporales del pronunciamiento, por lo que, a priori, tan sólo aplicará a aquellas situaciones en las que no haya un acto firme y consentido. Si no se recurrió en tiempo y forma la liquidación dictada por el Ayuntamiento correspondiente, estando vivo el correspondiente recurso, o  si han transcurrido más de cuatro años desde que la autoliquidación fue presentada, ya no se podrá impugnar o instar la rectificación de la autoliquidación y recuperar el impuesto satisfecho.

La Sentencia del Tribunal Constitucional tiene gran trascendencia respecto a la regulación estatal, ya que los preceptos que han sido declarados inconstitucionales y nulos encuentran su equivalentes en la LHL, en concreto los artículo 107.1, 107.2 a) y 110.4 de dicha norma, y son varias las cuestiones de inconstitucionalidad que se encuentran pendientes de resolución respecto a dichos artículos, lo cual hace pensar que el fallo del tribunal irá en idéntico sentido.

Así pues, habrá que seguir atentos a aquellas situaciones en las que la transmisión de bienes de naturaleza urbana se realiza por precio igual o inferior al de su adquisición, pues tal como ha venido a resolver el Tribunal Constitucional, el gravamen de dichas situaciones se basa en normas inconstitucionales y no deberían ser aplicadas por los respectivos Ayuntamientos sin necesidad de acudir a los tribunales. De momento como hemos indicado la inconstitucionalidad tan sólo ha sido declarada en el ámbito foral del territorio histórico de Gipuzkoa si bien parece que la misma suerte correrán las normas estatales.

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1012-2015